Mérida incorpora la Ley 3 de 3 en su normativa municipal
El Cabildo de Mérida aprobó la modificación del Reglamento de la Administración Pública para integrar las disposiciones de la Ley 3 de 3. La reforma, impulsada por la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, establece que individuos con antecedentes en el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias, agresión sexual o violencia familiar quedan inhabilitados para ocupar cargos electivos o desempeñar funciones en la administración municipal. Con esta acción, el municipio se convierte en el primer ente de Yucatán en incorporar este criterio en su marco normativo.
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La alcaldesa Cecilia Patrón presentó al Cabildo una iniciativa dirigida al Congreso del Estado, cuyo objetivo es modificar la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán para que la Ley 3 de 3 se aplique también en los otros 105 municipios del estado. El proyecto será sometido a la revisión de la Comisión Permanente de Gobierno, para posteriormente someterlo a dictamen y aprobación en el ámbito legislativo. Esta propuesta busca uniformar los criterios de selección de servidores públicos en todo el territorio estatal, asegurando que quienes tengan antecedentes de violencia o incumplimientos legales no formen parte de la función pública.
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Durante la sesión del Cabildo estuvieron presentes representantes de diversas instituciones y organizaciones. Entre ellos se encuentran miembros de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Red Pro Yucatán, la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán y el Instituto de la Mujer del Ayuntamiento. La participación de estas entidades respalda la necesidad de alinear la normativa municipal con las políticas estatales y federales vigentes en materia de protección y prevención de la violencia, haciendo énfasis en la implementación de un sistema de cero tolerancia hacia comportamientos contrarios a la ley.
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Articulación con el marco normativo vigente
La actualización de la normativa municipal, basada en la Ley 3 de 3, se articula dentro de un contexto legal que busca prevenir la violencia en el ámbito público y privado. La medida se integra como parte de las acciones encaminadas a garantizar la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Con la adopción de esta reforma, Mérida consolida un criterio administrativo que restringe el acceso a cargos públicos a personas con antecedentes penales en materia de violencia o incumplimiento en pensiones alimenticias, marcando un precedente en el estado de Yucatán.
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